La defensa en juicio como garantía esencial en un estado de derecho

Entrevista

Dr. Ernesto García Maañon
Juez de Cámara Penal de San Isidro

Organizada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul,  el viernes 15 de octubre se realizó en el Colegio de Abogados departamental una Jornada de Derecho Procesal Penal. Para la ocasión, la institución convocante contó con la destacada presencia del

Juez Ernesto García Maañón, quien disertó en torno al tema "La defensa en juicio como garantía esencial en un Estado de Derecho".

Actualmente, Ernesto García Maañón es Juez de la Excelentísima Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, y además profesor de Postgrado y Doctorado en la especialidad Derecho Procesal Penal en la Facultad de El Salvador. Con 23 años de experiencia, el disertante es el Juez Penal más antiguo de San Isidro.

Antes del inicio de la conferencia a su cargo que ante un público muy interesado se extendió por más de dos horas, el Juez García Maañón brindó una extensa entrevista donde se explayó sobre la importancia de la defensa en juicio como garantía esencial en un Estado de Derecho:

¿El tema de su disertación fue elegido por su actualidad y relación con la realidad que se está viviendo?

Pensé en un tema de mi especialidad -el Derecho Procesal Penal- que fuera útil y actual para este público de abogados y funcionarios de la Justicia. La defensa en juicio es lo que caracteriza a un Estado de Derecho. Es muy amplio de desarrollar y tiene actualidad en este momento en el cual las instituciones están en crisis, no se respetan para nada, estamos en una decadencia jurídica, ética, en una anomia. Creo que hoy en día los abogados cumplimos un rol esencial en un Estado de Derecho, que es esa barrera para el poder administrador que lamentablemente está siendo desvirtuada. Es un tema a su vez útil porque voy a hablar de tácticas y estrategias de la defensa, pero fundamentalmente porque la defensa en juicio es uno de los Derechos Humanos esenciales.

Según su punto de vista ¿cuál es la situación actual en relación a este tema?

Hay un desfasaje en el principio que es el Estado de Derecho, en el cual primero se respetan las instituciones que es lo básico y lo que nos ha convertido en una República, el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, hacer lo que Jeremy Bentham, gran filósofo inglés, decía: que en un Estado de Derecho hay que censurar libremente y obedecer puntualmente. Y en nuestro país esto no es respetado por el Poder Ejecutivo ni por nadie. Y lamentablemente los abogados ante esto en cualquier función que estemos, abogados, funcionarios, defensores, jueces, nos sentimos dañados porque todo lo que hemos aprendido vemos que está desvirtuado por decisiones políticas y excesos de poder. Y la defensa en juicio precisamente es el ejercicio de los derechos del ciudadano ante la invasión de cualquier poder, ya sea el judicial, legislativo, ejecutivo, administrador, el Estado en todas sus formas. Y hablo de la defensa en juicio en todos los órdenes: civil y esencialmente penal, porque está comprometida la libertad.

Y desde su observación ¿en el sistema procesal penal actual cómo están funcionando los recursos que tiene el acusado o imputado que se tiene que defender ante el Estado?

A mi criterio en la actualidad el sistema esencial y objetivamente es bueno, pero siempre depende de sus operadores. Y en este momento hay muchas falencias en cuanto a la selección de jueces, mucho menos –y me enorgullezco de decirlo- en la provincia de Buenos Aires que en Nación. En la provincia el sistema es más limpio porque el Consejo de la Magistratura se limita a hacer una preselección de jueces y no interviene políticamente, los exámenes por lo que tengo noticias en cuanto a idoneidad son justos. Pero estamos viviendo una crisis muy grande en todo el país, que es la falta de una política criminal. Es lo que hoy a la gente más le preocupa: la seguridad, porque lo económico y otras problemáticas ya no interesan tanto sino que lo que les preocupa es que pueden matarlos a la vuelta de la esquina. Y el Poder Judicial es sólo una de las fases de esta política criminal, lo cual no ha sido entendido por los gobernantes y los políticos. Desde hace mucho tiempo se le echa la culpa a la labor policial, por otro lado a la labor judicial, y se olvida que la política criminal es un conjunto de acciones contra el delito, y que esa ausencia de políticas integrales es lo que está causando esta crisis”.

Se escucha que la opinión pública pide seguridad y se queja de la inseguridad, pero en estos reclamos chocan y entran en conflicto los derechos y garantías de los defendidos, donde por ejemplo se habla de reformas legislativas como bajar la edad de imputabilidad, limitar las excarcelaciones, y otras medidas que en realidad avanzan sobre los Derechos Humanos…

Esto que pasa es nada más ni nada menos que falta de conocimiento,  porque ya Paul Johann Feuerbach, un gran jurista alemán del siglo XVIII creador de la famosa máxima que consagra el Principio de Legalidad en lo Penal: "nullum crimen, nulla pœna sine lege praevia" ("no hay delito ni pena sin ley previa"), decía que es posible un sistema en el cual se respeten los Derechos y garantías del hombre y que al mismo tiempo sea eficiente en la represión del delito. Esto mismo en la época actual lo representa Claus Roxin, un gran jurista alemán especialista en política criminal, quien precisó el debido proceso legal que es un presupuesto en un Estado de Derecho que tiene como finalidad proteger los intereses del individuo, las garantías individuales y al mismo tiempo ser eficiente en la lucha contra el delito. Es decir que el debido proceso legal tiene un objetivo muy sencillo que es castigar al culpable y absolver al inocente pero que siempre tiene que ser en el marco de las garantías. Es que primero están las garantías del individuo. Aquella frase de William Blackstone: “es preferible que estén cien culpables libres y no un inocente preso”. Lo que pasa es que primero debe acudirse a una política criminal sana, eficiente y con operadores eficientes –son muchos factores- y además que haya lo que se llama ahora voluntad política de hacerlo, y lamentablemente no la hay. Las muertes que ocurren, la calamitosa situación penitenciaria, todos sabemos que la cárcel es una escuela de delitos, que no se cumplen los tratados internacionales porque la resocialización no existe, y con respecto a los menores también es aberrante lo que está pasando. Se ha visto alguna mejora en la eficiencia cuando el poder político quiere en los esclarecimientos de delitos, lo hemos visto en los últimos casos, pero a la gente no le importa que los delitos se esclarezcan, no le importa que después estén presas las personas que mataron a su hijo, no. Lo que les importa es la prevención del delito, y la prevención depende de muchos factores, entre ellos, la resocialización porque vemos que los delitos más graves son todos causados por reincidentes y todo eso es letra muerta.

En este marco ¿cuáles serían las posibles políticas a las que debería apuntar el Estado?

Todos sabemos que el Derecho Penal es un instrumento de control social. Que la Justicia es la última ratio para solucionar los conflictos, es decir, tiene que llegar a ella el caso en el cual el Estado haya fracasado en su política de prevención. Siempre va a haber delitos, el delito nació con la sociedad y por lo tanto va a existir siempre. Pero es eficiente un Estado y puede considerarse un Estado de Derecho cuando respeta las garantías individuales y al mismo tiempo se baja el índice de delitos con una adecuada política criminal. Y esto último implica muchísimo, la prevención, la educación que es una de las más grandes herramientas contra el delito, tal vez los políticos deberían comprar menos helicópteros y patrulleros y en su lugar fundar más escuelas y trabajar por una adecuada política penitenciaria que también es crucial, pero todo eso en el marco del respeto a las garantías individuales estricto, y para conseguirlo fundamentalmente se necesitan técnicos en el Derecho.

¿Cuál sería su mensaje hacia la opinión pública en un momento muy crítico donde estamos presenciando un alto índice de criminalidad y al mismo tiempo un decaimiento de la imagen de la Justicia?

Volver a las raíces éticas, morales e institucionales que crearon este país. Volver al pensamiento de nuestros constituyentes que se basaron en la Constitución de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Vemos por ejemplo el artículo 18 de la Constitución Nacional que es de total actualidad, está hecho por gente que sabía de lo que hablaba, volver a esas bases y a pensar en el patriotismo y menos en las ansias de poder, lo cual se ve reflejado en el Poder Judicial también: los jueces muchas veces aspiran más a ser políticos que a ser jueces. Buscar una renovación ética para poder vivir en un verdadero Estado de Derecho.

¿Y finalmente cuál sería su mensaje hacia los abogados, magistrados y funcionarios judiciales?

Les diría dos cosas: primero indignarnos y luchar por la Justicia. Como también recordar a Couture que en los mandamientos del abogado decía que uno debe luchar por el Derecho, pero si se encuentran en colisión el Derecho y la Justicia debe luchar por la Justicia, ese es el valor que todos los abogados debemos defender en primer lugar.