La articulación institucional como garantía de acceso a la justicia y de protección integral de las mujeres en situación de violencia de género/familia

María de los Angeles Pesado Riccardi*

A partir de la sistematización de las políticas de articulación llevadas adelante por la Defensoría General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ubicado en el conurbano sur de la Provincia de Buenos Aires, integrado por seis municipios (Avellaneda, Brown, Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora); en el marco del sistema de protección contra la violencia familiar y de género creado por la Ley 12.569 en el 2001, se analiza las concepciones, prácticas y saberes de los agentes, que en el marco la corresponsabilidad intervienen en configuración local del sistema integrado de prevención y atención de las personas en situación de violencia familiar, para fortalecer los espacios de articulación institucional como modo de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral a las personas en situación de violencia de familiar y de género.

Desde el análisis de la experiencia desarrollada por la Defensoría General en articulación con las políticas públicas sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los territorios se busca repensar las tensiones en las que se traman las políticas de prevención y atención de la violencia familiar y de género y resignificar los territorios en clave de corresponsabilidad intersectorial (Repetto, 2009).

En este sentido, partimos de la necesidad de interpelar concepciones y discursos haciendo hincapié en la desnaturalización y deconstrucción histórica (Carli, 1994) el aporte de varias investigaciones permite comprender la complejidad de la problemática. Luego se describe la institucionalidad del sistema de protección de la violencia familiar y de género especificando el dispositivo de las Mesas Locales. Finalmente se presenta la articulación institucional como forma de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral a las personas en situación de violencia familiar y de género, específicamente las mujeres y la infancia.

En este sentido se propone el fortalecimiento institucional de las Mesas Locales contra la Violencia Familiar y de Género como espacios de organización y concertación de acciones; la institucionalización a nivel local de la figura del/la acompañante como ayuda protectora de las mujeres en situación de violencia familiar y/o de género y la capacitación permanente como herramienta de visibilización de concepciones y practicas estereotipadas y de mejora y mejora de los servicios de justicia y políticas públicas.

Interpelaciones y referencias para pensar la violencia familiar y de género [arriba] 

Conceptos y discursos no son expresiones abstractas, neutras, ahistóricas, son construcciones sociales, contextualizadas, atravesadas por las luchas de poder. Como sostiene Bourdieu (2000) los modos de construcción y reproducción de las relaciones género se universalizan bajo apariencia deshistorizada, constituyendo lugares comunes, naturalizados desde donde se configuran maneras de ser, hacer y concebir el sujeto y el mundo y todas sus posibles relaciones.

Por eso el análisis de las concepciones y discursos se plantea en clave de deconstrucción histórica. Familia, mujeres, infancia y protección son construcciones sociales, para pensarlas hay que tener en cuenta las formas en que han sido dotadas de distintos significados históricamente; también son categorías políticas que remiten a sistemas clasificatorios y valorativos (Colangelo, 2005), son categorías que han sido construidas para clasificar a esa población e intervenir sobre ella. La intervención legítima del Estado, las prácticas empleadas para la constitución y protección de derechos, en gran medida, son producto de las interpretaciones y negociaciones de los agentes (Cosse, 2011).

La necesidad de desentrañar y contextualizar los discursos, desnaturalizar las prácticas y dispositivos jurídicos administrativos de protección; indagar los sentidos que profesionales y expertos atribuyen a las mujeres, la niñez, la familia y su protección, radica en:

• que las formas de intervención social y los modos legítimos para hablar de las mujeres, la niñez, la familia y su protección son productos provisionales de procesos histórico-políticos en donde distintos actores reclaman para sí la legitimidad para intervenir, e intentan imponer sus posturas en relación a lo que entienden es lo mejor para un niño, una mujer, una familia (Llobet 2014)

• que, la capacitación/formación, entendida como herramienta de mejora de las intervenciones de los distintos operadores y agentes del sistema, requiere interpelar prácticas, saberes y sentidos desnaturalizando y contextualizando concepciones y discursos. El ejercicio profesional no puede ser neutral, por lo cual es necesaria una permanente elucidación de nuestras modalidades de trabajo para que no se conviertan en ortopedias sociales del sufrimiento y el malestar de los y las desigualados sociales.

El aporte de varias investigaciones visibiliza la complejidad y multicausalidad de la problemática de la violencia.

Estudios internacionales (CEPAL, 2010; MNDS y UNICEF, 2009)1 destacan los condicionamientos en los que se inscribe la violencia familiar, se plantea tanto los

1. CEPAL. (2010) Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Matriz para identificar políticas justas de igualdad de género. CEPAL (2010) Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Serie Mujer y Desarrollo Nº 104; Ministerio de Desarrollo Social

UNICEF. (2009)Abordajes frente a la violencia familiar desde una perspectiva de género y de infancia. Fortalecimiento de equipos de trabajo en género factores económicos, políticos, legales e institucionales como el conjunto de tradiciones, costumbres y reglas vigentes en cada sociedad. Se propone como uno de los principales desafíos para su erradicación la instalación de la problemática en la agenda pública y el compromiso de gestionar políticas públicas integrales orientadas a las mujeres desde un enfoque de promoción de derechos y de construcción de ciudadanía.

En la investigación desarrollada por el Programa de Género y Políticas Públicas de la UNLa (2008-2009) sobre la violencia familiar en la provincia de Buenos Aires en los municipios de General Pueyrredón, Almirante Brown, San Miguel, San Fernando y Tigre se indaga la violencia familiar desde institucionalidad pública y los sistemas de información. Se plantea que las instituciones privilegian determinadas interpretaciones de la realidad en detrimento de otras, reproducen acciones, recuperan cierta información e invisibilizan otra, sosteniendo que ni las instituciones ni las políticas son neutrales al género.

Respecto a los enfoques de intervención, la mayoría de las investigaciones resaltan el ecológico que integra las teorías interaccionistas y sistémicas donde una de las discusiones que se plantea es en torno al concepto de familia, violencia, familias en riesgo social y la intervención social que plantean en distintos niveles: el individual (conductas adictivas, prostitución y enfermedad mental), el nivel familiar (violencia de género y maltrato infantil) y el nivel social (absentismo-fracaso escolar, desempleo-paro y marginación-exclusión social.

En cuanto a la infancia CLACSO (2014) realizó un estudio en el que se discute la noción de niño-sujeto-de-derechos cuyos sentidos se construyen en las políticas sociales alrededor de la hegemonía de determinados saberes que anclan el espectro de acciones posibles en el plano estatal y su capacidad de transformación de la realidad. Se problematiza el proceso de transformación institucional, la consolidación de un campo profesional, las disputas entre jerarquías profesionales, y el establecimiento de dispositivos de intervención, en el cual el alcance de los derechos fue definido y nuevos sentidos sobre la infancia fueron creados2

2. LLOBET, Valeria. La producción de la categoría “niño-sujeto-de-derechos” y el discurso psi en las políticas sociales en Argentina. Una reflexión sobre el proceso de transición institucional. En Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión Buenos Aires. CLACSO, febrero de 2014. Pag 209 -235

3. DINIZ, Normélia Maria Freire; SANTOS, Maria de Fátima de Souza and LOPES, Regina Lúcia Mendonça. Representações sociais da família e violência. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2007, vol.15, n.6, pp. 1184-1189

4. BRANDT NUNES Cristina, ANDERSEN SARTI Cynthia, VIEIRA DA SILVA OHAR

Concepciones de los profesionales de salud con respecto a la violencia Intrafamiliar contra el niño y el adolescente. (2008)

Otro trabajo vinculado a la violencia familiar hace hincapié en las teorías de las representaciones, se discute la relación entre las representaciones sociales de familia y de violencia (DINIZ y SANTOS, 2007) considerando la multiplicidad étnica y cultural.3 Se resalta que a pesar de las variadas transformaciones sociales y de las mujeres en partícula, no parecen suficientes para la disociación del papel de mujer y de madre, de casamiento y de seguridad y/o protección. Se plantea que persiste la idea de una familia nuclear que justifica y legitima la permanencia de relaciones violentas en la medida en que dificulta el rompimiento de las relaciones desiguales resultantes de la “familia ideal”, perpetuando la violencia entre generaciones.

Finalmente otra investigación de la Unidad de Salud de la Familia en Brasil (Brandt Nunes, 2008)4 se indaga sobre las concepciones que los profesionales de la salud manifiestan sobre la violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes, quienes asocian la violencia a la coyuntura económica, social, política y a aspectos culturales; para algunos de ellos, los actos violentos son parte del ciclo intergeneracional y de la dinámica familiar.

Violencia, sistema de protección y políticas públicas [arriba] 

La violencia familiar es un modo abusivo de ejercer el poder basado en un sistema de creencias y valores que lo justifican, es un problema político, social y de salud pública que implica la violación de los Derechos Humanos5.

5. Ley Provincial sobre la Violencia Familiar 12.569 sancionada en el año 2001.

6. Como sostienen O Ozslak la agenda estatal suele reflejar las cuestiones socialmente problematizadas que consiguen suscitar la atención de las instituciones que conforman al Estado en sus distintos niveles (nacional o subnacionales) y poderes (ejecutivo, legislativo o judicial).

7. Las mujeres M. I. D. D. E. N. en la provincia de Buenos Aires. HCD Pcia Bs As. Elaboración en base a datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Bs. As. Dirección de Políticas de Género. Junio de 2015; informes del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, del Ministerio de Salud, nov 2015

Durante mucho tiempo la violencia familiar estuvo circunscripta al orden del mundo privado siendo naturalizada. En la última década se ha logrado que se reconozca como un problema de orden público6 visibilizando como sostiene Gilberti “el secreto con que la domesticidad garantizaba su persistencia y la impunidad de sus agresores”.

Los informe provinciales7 revelan que el 26 por ciento de las víctimas son mujeres menores de 19 años; es decir, 1 de cada 4 personas que viven situaciones de violencia son niñas y adolescentes. También señalan el alto porcentaje de niñas y niños que son víctimas violencia familiar destacando que las niñas son mayormente víctimas de violencia sexual y los varones víctimas de violencia física. En este sentido, para el estudio se va a focalizar en la protección de derechos de las mujeres y la infancia en situación de violencia familiar. Respecto a los femicidios, la Corte Suprema de Justicia de Argentina señaló que en 2016 se produjeron 254 femicidios en el país, 19 más que en el año anterior, según los datos brindados por los Poderes Judiciales de todo el país. La provincia de Buenos Aires, fue la que registró mayor número de muertes (90), siendo en el conurbano sur el porcentaje más alto 60%. En el registro, por primera vez se tuvo en cuenta el travesticidio y el transfemicidio. Por lo tanto se relevaron 249 víctimas biológicamente femeninas y cinco mujeres trans/travestis. Fueron 258 los imputados por estos homicidios, el 58 % varones mayores entre los 19 y 40 años. El vínculo entre víctimas y victimarios, en 164 casos fue de pareja y ex pareja, en 37 se trató de familiares, en 31 casos de conocidos y el resto desconocidos. En lo que va de 2017 hubo 133 homicidios de mujeres por razón de género en la Argentina. En el Departamento Judicial en lo que va del año se registraron 18.

La protección sobre mujeres y la infancia en situación de violencia familiar es un dispositivo que está atravesado por una compleja trama de relaciones sociales y rutinas institucionales. Varias y distintas instituciones intervienen, con saberes, circuitos e instrumentos propios8.

8. El Ministerio de Salud provincial y el Ministerio de seguridad han elaborado protocolos de actuación para mejorar las prácticas. Desde Educación se difundieron guías para las escuelas para informar los circuitos y los referentes para las intervenciones ante la detección de la violencia familiar. Lo mismo pasa con el poder judicial que intenta protocolarizar las prácticas de articulación intersectoriales.

9. Que la define como toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

10. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada: Marzo 11 de 2009.

En la provincia de Buenos Aires el abordaje de la violencia familiar está regulado por la Ley Provincial N° 12.5699, su decreto reglamentario N° 2875 en el que se plantea la violencia como “desequilibrio al interior de la estructura familiar que se produce a través de las variables de género y edad, estableciendo como grupos de riesgo a las mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas” y la 14.509 por la que se incorpora la concepción de género y protección integral en los términos de la Ley Nacional N° 26.48510. En este marco, a través del artículo 20 de la Ley provincial se conforma la Mesa Provincial Intersectorial, que propone un Sistema Integrado de prevención y atención de la violencia familiar

El sistema parte del supuesto de que la persona que sufre violencia pertenece a una red formal e informal de relaciones personales y sociales en un territorio determinado, por lo tanto la modalidad de abordaje provincial deberá replicarse a nivel local. La Mesa Provincial Intersectorial dictará pronunciamientos político - técnicos rectores que impactarán en la realidad local (construcción de protocolos en relación a la detección, prevención y atención de los casos de violencia familiar, guía de recursos de atención en toda la provincia, propuestas de formación y capacitación, etc.

Las mesas locales son el espacio donde se organizarán y concertarán las acciones en relación con la problemática de violencia familiar en territorio. Los gobiernos municipales deben realizar la convocatoria para la constitución de dichas mesas de trabajo. Para su conformación, se convoca a todas las áreas del municipio que recepcione directa o indirectamente la problemática (áreas de acción social, salud, derechos humanos, consejos de las mujeres, etc), organismos provinciales en el territorio (comisarías, establecimientos sanitarios o educativos, dependencias del poder judicial, promotores de programas provinciales, etc) y a los grupos sociales o comunitarios dedicados a la problemática.

Un eje importante del trabajo de las mesas es la conformación de redes locales de organizaciones y personas que directa o indirectamente colaboran con la prevención y atención de los problemas de violencia. Estas redes posibilitan el mapeo de recursos institucionales y locales para el trabajo permanente de la Mesa Local y la propia red.

En el sistema propuesto por la Provincia cobra especial importancia la figura del acompañante, sugiere la implementación del modelo de Acompañante en Red, es decir, una persona física y/o jurídica que asuma el acompañamiento solidario de la de la persona en situación de violencia. Esta figura supone asumir un trabajo comunitario y social que convierte al acompañante en un integrante central del Sistema Integrado local.

Las acciones de las mesas locales se circunscriben a:

Realizar un diagnóstico de la problemática en el territorio,

Armar acciones y campañas de promoción de derechos y de prevención.

Elaborar la hoja de ruta que refiera a cuáles son los lugares a los que deberá recurrir una persona que padece la problemática, a nivel local, definiendo recursos formales e informales (direcciones, días, horarios, personal de referencia, teléfonos, etc).

Capacitar a diferentes efectores y destinatarios inclusive a los propios participantes. Conformar la red de trabajo.

Repensando el sistema integral.

Si bien el enfoque de derecho abriga el abordaje de la complejidad social, donde todas las personas se conciben como ciudadanos sujetos de derechos y protagonistas del cambio, desde la experiencia transitada por la Defensoría General a través de las políticas de articulación y participación en los municipios que integran el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, notamos en las relaciones específicas entre el Estado, las políticas públicas y las personas en situación de violencia familiar una gran deuda respecto al efectivo acceso a la justicia y a la concreta protección integral.

El acceso a la justicia y la protección integral son dos caras de una misma moneda. Acceso a la justicia no se entiende en un sentido restrictivo, vinculado sólo a lo judicial, procesal, cautelar, sino más bien, a la respuesta integral estatal frente a la vulneración de los derechos, que constituye un derecho humano fundamental en un Estado democrático.

El acceso a la justicia de las personas en situación de violencia familiar y de género, en particular de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes es un problema que debe entenderse de forma institucional, integral e intersectorial. Requiere del compromiso principalmente, de las instituciones estatales, de profesionales y operadores de la administración de justicia, de las políticas públicas y también, de las organizaciones de la sociedad civil. Este compromiso hace la diferencia entre el derivacionismo y la corresponsabilidad.

En este sentido, si bien el sistema provincial reconoce la importancia de las Mesas Locales como espacios de concertación, de intercambio y de construcción de modos de abordar la violencia familiar en los territorios, asi como resalta la importancia que tiene la figura del acompañante en el complejo proceso y circuito en el que se inscribe la persona en situación de violencia, paradójicamente no se fortalece institucionalidad de ambos dispositivos provinciales. Las Mesas no forman parte de la agenda política local y los acompañantes son abandonados a la solidaridad y buena voluntad samaritana.

La debilidad de institucional (Repetto, 2009) condiciona el juego de poder y de tensiones ideológicas que afectan la política social. El desafío de construir o reconstruir esa institucionalidad de un modo que opere en pro de la real resolución de los problemas sociales que adquieren status público, es arduo, de largo plazo y necesario. Para esto es necesario avanzar y resaltar la importancia de la coordinación (sea ésta acotada o amplia dentro del conjunto de esas políticas sociales). Esta emerge como un medio fundamental –seguramente no el único– para conformar abordajes, prácticas de gestión y movilización de recursos capaces de dar cuerpo a intervenciones más integrales en la política social

Entender, también los territorios (Santos,1990) como lugares de variada escala, donde actores públicos, privados, organizaciones, grupos, ponen en marcha procesos complejos de interacción, pudiendo ser complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa, entre sistemas de acciones y sistemas de objetos, constituidos éstos por un medio geográfico integrado por un sinnúmero de técnicas en procesos de organización territorial particulares y con diversos grados de inserción en las relaciones de poder. Esto nos lleva a pensar los espacios de articulación y coordinación como ámbitos de tensión que requieren delicados procesos de confianza para las construcciones.

Para eso es indispensable, la conformación de redes y la formación de los operados que permitan identificar los obstáculos que operan en la invisibilidad del problema de la violencia y por ende en las metodologías de abordaje en instituciones ejecutoras de políticas públicas.

Conclusiones [arriba] 

La articulación institucional es una forma de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las personas en situación de violencia familiar y de género, específicamente las mujeres, las niñas, niños y adolescente.

Para esto es necesario:

Fortalecimiento institucional de las Mesas Locales contra la Violencia Familiar y de Género como espacios de gestión y concertación de acciones. Esto requiere:

Planificación y coordinación de las acciones efectivas en el corto y largo plazo en cuanto a las estrategias de abordaje de las Mesas Locales, enfocadas a la definición de políticas públicas, como a las acciones vinculadas con la prevención, atención, acompañamiento y seguimiento de la violencia familiar y de género.

Reconocimiento por parte las instituciones estatales (áreas de los municipios, concejales, funcionarios y operadores judiciales, fuerzas de seguridad, entre otros) y organizaciones de la sociedad civil del rol e importancia de las Mesas Locales como espacios territoriales de gestión.

Visibilización de las acciones.

Producción de conocimiento mediante informes y relevamientos Institucionalización de la figura del/la acompañante como ayuda protectora de las mujeres en situación de violencia familiar y/o de género:

Incorporar la figura o función en los equipos de los municipios. A modo de ejemplo, dentro de las promotoras de salud algunas podrían cumplir esta función, lo mismo asistentes de calle, los referentes de las delegaciones municipales.

Las organizaciones sociales, cooperativas que puedan desarrollar esta figura en el marco de algún programa de articulación que legitime la tarea

Capacitación permanente como herramienta de visibilización de concepciones y practicas estereotipadas y de mejora de los servicios de justicia y políticas públicas.

Sumar a las universidades para pensar las capacitaciones.

Referencias bibliográficas [arriba] 

BOURDIEU, Pierre (2000). “Elementos para una sociología del campo jurídico.” En: BOURDIEU, P. y TEUBNER, G. La fuerza del derecho. Santa Fe de Bogotá. Siglo del Hombre Editores. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes: Ediciones Uniandes.

Carli, Sandra (1994). Historia de la infancia. Una mirada a la relación entre cultura, educación,sociedad y política en Argentina. En Revista del IICE Nº4. Facultad de Filosofía y Letras UBA. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

COLANGELO, Adelaida. La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectivas de abordaje, Ministerio de Educación. Buenos Aires. Disponible en:www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf. Acceso en: 20 sept. 2014

Cosse, I; Llobet V, Villata C, Zapiola C. (2011) Infancia, políticas y saberes. Argentina – Brasil. Conicet, UNSAM, UNGS, TESEO

Repetto, Fabian (2009) ; “El marco institucional de las políticas sociales: posibilidades y restricciones para la gestión social” y “Retos para la coordinación de la política social: los casos de la descentralización y la intersectorialidad” en Gestion de la Politica social ; conceptos y herramientas. Chiara Magdalena y Di Virgilio Mercedes. 2009

* Secretaria de Relaciones interinstitucionales. Defensoría General del Departamento Judicial De Lomas de Zamora. Ministerio Público Provincia de Buenos Aires.