Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2012.-

Considerando:

1) Que J. G. B. S. —menor de edad al momento del hecho motivo de autos—, promovió demanda contra la “Unión Cordobesa de Rugby” y “Taborin Rugby Club” por los daños y perjuicios derivados de la lesión sufrida durante un partido de rugby, en la categoría menores de 17 años, a raíz de la cual quedó cuadripléjico. La “Unión Argentina de Rugby” (UAR) se incorporó voluntariamente al proceso en calidad de tercero (conf. fs. 50/54)

Señala que el 3 de septiembre de 1994, en su calidad de jugador de rugby que estaba fichado en la “Unión Cordobesa de Rugby” como integrante del “Taborín Rugby Club”, debía participar representando a dicha institución en la categoría menores de 17 años, contra el “Tala Rugby Club”.

Agrega que en esa oportunidad, a pedido de los entrenadores, como no tenían la cantidad de jugadores totales (15) y para no perder los puntos, jugaron con 13 personas, y él, que habitualmente se desempeñaba en el puesto de “tercera línea”, en ese partido ingresó a jugar —con instrucciones de sus entrenadores—, en el puesto de “Hooker” —conocido como “pilar centro”—, en el cual nunca había jugado.

Refiere que a los cinco minutos de juego, y en un partido lleno de desprolijidades (pelota hacia adelante, caída de la pelota, etc.) que habían motivado una serie de “scrum” previos, al efectuarse por tercera vez la formación de un nuevo “scrum”, y como consecuencia de la carga del rival sin que el “pack” del Taborín estuviera armado, fue derribado y cayó pesadamente al suelo, lo que le produjo un traumatismo cervical con consecuencias cuadripléjicas irreversibles.

Informa que la posición de “Hooker” reviste la particularidad de contribuir a la formación del “scrum” —agrupación formada por ocho jugadores por equipo que se hace alrededor del “pilar centro” o “Hooker”—, el cual se apoya sobre sus pilares de cada lado (derecho o izquierdo), conformando la primera línea. Agrega que una vez que el Hooker “...está en posición como cuclillas con sus cabezas y hombros no más bajos que sus codos...” habrá de soportar el empuje del equipo rival y de sus propios compañeros, para lograr con éstos sacar —taconeo mediante—, y al mismo tiempo que se desarrolla una gran interacción de fuerza, el balón que previamente fuera introducido por el “medio scrum”. Señala que, en consecuencia, el “Hooker” en esta situación de juego es el que carga gran parte de la presión física del equipo, para lo cual debe tener una debida preparación, que él no tenía.

Se imputa al árbitro del encuentro haber omitido aplicar la Ley Nº 20 del Reglamento de Rugby, en su variación para las divisiones menores de 19 a 15 años, —vigente en el año 1994 en que se produjo el accidente—, que, según indica, imponía la realización de “scrums no disputables o simulados” para el caso de que un equipo no pudiese presentar reemplazantes debidamente preparados para ocupar el lugar de un jugador que no pudiera disputar el partido, lo que importa que no se juegue la pelota. En este sentido, explica que en dicho tipo de “scrum simulado” el que echa la pelota debe ganarla y ninguno de los equipos puede empujar, ello justamente para evitar lesiones a jugadores que no estén preparados.

Concluye en que la responsabilidad del referí por el quebrantamiento del deber jurídico que tenía de hacer cumplir el Reglamento y disputar el partido con la “simulación” del scrum se extiende a sus principales, los incoados “Taborín Rugby Club”, la “Unión Cordobesa de Rugby” y la “UAR”, toda vez que a la responsabilidad originaria de organizar y fomentar el juego dentro de los límites reglamentarios, se les anexa la responsabilidad “indirecta o refleja” por el hecho ajeno de quienes se sirven para cumplir sus objetivos.

Por último, describe las secuelas del accidente que lo obligan a desplazarse en silla de ruedas de por vida, pues sufrió traumatismo cervical con luxación en C5-C6, con lesión neurológica (paraplejia MMSS y MMII). Fue intervenido de urgencia en el Sanatorio Allende donde se le practicó tracción esquelética craneana y artrodesis de columna cervical previa reducción, y se lo estabilizó con alambre e injerto de costilla.

Solicita rubros indemnizatorios.

2) Que contra el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que —al rechazar la queja—, declaró bien denegado el recurso de casación efectuado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de dicha provincia y dejó sin efecto la condena que el juez había establecido respeto de ambas uniones de rugby, el actor dedujo el remedio federal cuya denegación dio origen a esta presentación directa.

Para decidir de esa manera, el tribunal local señaló que el fallo impugnado se encontraba debidamente fundado y que las críticas no denunciaban vicios formales con entidad como para modificar la conclusión adoptada, sino que se diluían en una mera discrepancia, materia ajena al recurso de casación.

No obstante, con la única finalidad de “satisfacer en mejor medida el ánimo del recurrente”, estudió sus impugnaciones. En primer lugar, sostuvo que la Cámara no había omitido analizar el sentido y alcance de la Ley Nº 20 del Reglamento del Rugby, sino que había sostenido que el equipo del “Taborín Rugby Club” había salido a jugar el encuentro con el número de jugadores reglamentario; que el “Hooker” titular no lo hizo por disposición del técnico; que el hecho de que ese puesto fuese ocupado por otro compañero no indicaba, sin más, que tuviera que efectuarse un “scrum” simulado, y que la circunstancia de que el actor, quien siempre jugaba de N° 8, hubiese sido designado por el entrenador en esa posición, no lo hacía técnica ni físicamente deficiente para ello.
Destacó que, a criterio de la alzada, la citada Ley Nº 20 en su fragmento vinculado al “scrum” simulado, no devenía aplicable porque establecía como factor condicionante que el equipo no contase “con los jugadores de primera línea (los pilares y el ‘Hooker’ al comenzar el partido, o durante el mismo por lesión sufrida por los jugadores titulares...”, y en el caso ambos contaban con dichos jugadores, a lo que había añadido que la decisión de que B. S. jugase de “Hooker”, había sido tomada conjuntamente por él y su entrenador, lo que autorizaba al árbitro a suponer que el menor se encontraba debidamente preparado para esa posición en los términos de la citada norma.

Añadió el tribunal que el árbitro no podía seriamente antes del partido afirmar que tal o cual deportista no era apto para hacerlo en el puesto que había ordenado el técnico del grupo; que por reglamento no existía el “biotipo” para jugar como “Hooker”; que no surgía como carga para aquél consultar antes del encuentro al entrenador de cada equipo si quien dispuso que jugara como “Hooker” estaba adecuadamente entrenado, y que la circunstancia de que la cámara hubiese tenido en cuenta el tenor literal de la Ley Nº 20 y apreciado que, por las reglas de la experiencia, no correspondía al árbitro sino al entrenador y al propio jugador valorar la suficiencia de preparación, importaba una clara observancia del deber de fundamentar legalmente las decisiones.

Señaló que la alzada no había utilizado el criterio hermenéutico propuesto por el recurrente, sino que había construido la premisa de derecho sobre la base de una interpretación integral y coherente de todo el régimen normativo vigente, para concluir que no existía negligencia ni imprudencia alguna reprochable al árbitro, desde que no le correspondía examinar si el actor estaba o no “debidamente preparado” para jugar en el citado puesto; que la decisión adoptada se mostraba como la más razonable y justa, y que una inteligencia como la pretendida por el apelante importaría un certificado de defunción para el rugby y la desaparición de los árbitros de tales encuentros deportivos.

Agregó que, como con certeza se había resuelto, se trataba de un jugador de alrededor de 1,80 m. y 75 Kg., contextura física adecuada, en principio, para la práctica de ese deporte, y que de ello se desprendía que no se había probado que el actor careciese de aptitud física o técnica que le impidiese jugar en el puesto que lo hizo. Más aun cuando voluntariamente se había ofrecido a jugar en tal ubicación y, en definitiva, el “scrum” en las distintas prácticas que había tenido el demandante no le significaba una modalidad extraña como formación.

Reiteró que, tal como se había valorado, no había una exigencia reglamentada sobre el peso y altura que debía tener el “Hooker”, a lo que debía adicionarse que el demandante contaba con el apoyo del entrenador para desempeñarse en ese puesto, siendo éste el único habilitado para determinarlo y no, en principio, el árbitro, de modo que asistía razón a la alzada cuando afirmaba que no se advertía cuál había sido la negligencia del juez del encuentro.

Por otro lado, afirmó que tampoco resultaba un dato menor que el partido se había desarrollado normalmente; que el recurrente en ningún momento había denunciado exceso durante el trámite del encuentro, ni padecía de algún defecto físico o técnico ostensible que le impidiese jugar o que autorizase al referí a suspender el encuentro por alguna de esas razones.

Sostuvo que en dicho contexto y no encontrándose controvertido que se trataba de un deporte riesgoso para la integridad física de los participantes, por implicar contacto físico permanente, la conducta del agente no podía ser apreciada con el mismo parámetro con el que se medía la actividad en otro ámbito en el que los riesgos no existían, y que la doctrina mayoritaria participaba de la tesis según la cual los daños que los jugadores sufrían en la práctica deportiva debían ser soportados como un riesgo propio de esa práctica.

En tal sentido, afirmó que el consentimiento del participante, si era capaz y libre, obstruía cualquier posterior reclamo, salvo que el daño fuese doloso o se causase violando las reglas del juego, y mencionó jurisprudencia vinculada con que los riesgos de los golpes por el contacto físico que se producían entre los participantes eran previsibles y con que para la estimación de los perjuicios sufridos en la práctica de deportes y juegos peligrosos, debía tomarse en consideración la circunstancia de la asunción del riesgo por la víctima, en conocimiento de sus propias limitaciones.

Señaló que, en el caso, había sido el actor quien había asumido voluntariamente la decisión de jugar en un puesto en el que no venía desempeñándose, aceptando el riesgo que representaba jugar de “Hooker”; que si bien era cierto que las reglas de juego obligaban no solo a los jugadores sino también al árbitro, en cuanto tendían a prevenir consecuencias graves y extraordinarias para los participantes, no podía sostenerse válidamente que la lesión se hubiese producido por responsabilidad del juez del encuentro por infringir el reglamento, debido a que no estaba probado que al comienzo del partido el demandante presentase alguna “notoria” deficiencia física que lo inhabilitara para la práctica del deporte y que eventualmente autorizase a suspenderlo.

Asimismo, el tribunal reiteró que no le correspondía al referí apreciar la suficiencia de la preparación del jugador y que a partir de la premisa de que las directivas y decisiones del entrenador del equipo no eran ciertas o podían ser sometidas a duda o incertidumbre, obligaría a todo árbitro a realizar previo a cada partido una especie de indagación preliminar para certificar dicha preparación.

Por último, señaló que no era cierto que la Cámara hubiese entendido que por no ocupar habitualmente el puesto de “Hooker” el actor careciese de un entrenamiento adecuado, sino que, por el contrario, para el tribunal un jugador bien podía jugar en otro puesto, según lo dispusiese el técnico; que la invocación de la regla del art. 902 del Cód. Civ. no alteraba la conclusión de que el árbitro no era quien debía ponderar la aptitud o entrenamiento del demandante, pues en la inteligencia de la alzada la mayor preparación que ostentaba aquél no implicaba exigirle un análisis o examen de la preparación de la víctima, por ser tales competencias propias del entrenador del equipo.

3) Que el recurrente señala que la sentencia es arbitraria porque carece de fundamento legal y no resulta una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Sostiene que el pronunciamiento, en particular: (i) niega el derecho a percibir una indemnización a un cuadripléjico, debida por los agentes causales del daño: “Unión Cordobesa de Rugby y Unión Argentina de Rugby”, aunque el art. 17 de la Constitución Nacional ampara el patrimonio de todos los habitantes de la Nación; (ii) carece de fundamento legal y está apoyada únicamente en la voluntad de los jueces, pues prescinde del verdadero alcance de la normativa de rango constitucional relativa a los derechos del niño, de las disposiciones del Cód. Civ. relacionadas con la incapacidad de un menor de edad, y de las normas deportivas que rigen un partido de rugby, en particular, de la ley N° 20 del Reglamento de Rugby; (iii) prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio, en tanto, según su entender, se encuentra acreditado por las numerosas testimoniales que han depuesto en forma coherente y coincidente que el árbitro sabía que el actor no tenía la preparación física para ser Hooker, que el arranque de la competencia se demoró más de media hora por falta de jugadores, así como que se consultó a los capitanes de ambos equipos; (iv) ignora que el accidente se produjo a los pocos minutos de iniciarse el partido (en el tercer scrum), lo cual desvirtúa las afirmaciones del fallo en el sentido de que el partido se desarrolló normalmente ya que el actor soportó varios scrum anteriores; (v) incurre en autocontradicción cuando afirma que la contextura física de B. era adecuada para la práctica del deporte, y más adelante sostiene que “no hay exigencia reglamentada sobre el peso y altura que debe tener el jugador que despliegue el puesto de Hooker”; (vi) no es derivación razonada del derecho vigente con miras a las circunstancias de la causa, desde que confiere a un menor de edad la capacidad para consentir un riesgo de tamaña importancia, y le asigna la culpa, cuando la víctima tuvo que ser protegida por el entrenador y por el árbitro, máximos responsables en cuidar la integridad de los contendientes, especialmente si se trata de menores de edad, incapaces de hecho y aprendices del deporte; (vii) desconoce la circunstancia acreditada en la causa de que la UAR tenía contratado un seguro para cubrir lesiones de los jugadores, y que la compañía sólo le abonó al actor una ínfima suma, por haberse agotado el importe asegurado en siniestros anteriores; hecho que conlleva un reconocimiento expreso de la responsabilidad que le cabe en este tipo de eventos.

Con relación al árbitro, el recurrente indica que el tribunal omitió valorar que éste es la autoridad reconocida con facultades para dirigir, sancionar, expulsar, suspender la justa y requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir con sus designios. Afirma que sobre la base de tal conocimiento, el referí debió haber aplicado la Ley N° 20 del Reglamento, y ordenado La formación “scrums” simulados, dado que dicha norma lo obligaba a verificar que los puestos de la primera línea estuviesen cubiertos por los jugadores titulares y, de no ser así, comprobar que los propuestos como reemplazantes reuniesen las condiciones técnicas y físicas para desempeñarse como tales, pues sólo pueden disputar el “scrum” si están en condiciones; que por ello le correspondía asumir un rol protagónico dentro del partido y en la apreciación de su responsabilidad no debe prescindirse de los arts. 902 y 909 del Cód. Civ..

Por otro lado, el apelante entiende que es inaceptable que se le atribuya culpa en el hecho a la propia víctima, quien era menor de edad; invoca normas y tratados internacionales que disponen que los niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición de tal requiere; que la regla de la aceptación del riesgo tiene como límite la indisponibilidad de bienes fundamentales como la vida y la salud, y en el caso debió valorarse la aplicación de dicha teoría con mayor rigurosidad por tratarse de un menor de edad y aprendiz del deporte.

Respecto del supuesto amateurismo, agrega que la UAR —beneficiaria directa de la actividad que controla y explota— es la que debe soportar las consecuencias del negligente accionar de quienes son sus agentes; que otra interpretación implicaría desconocer la realidad de los hechos y permitir a quienes obtienen cuantiosos beneficios por la actividad que promueven, desentenderse de las consecuencias que padecen los jugadores de las divisiones inferiores, quienes conforman el capital humano del trabajo.

Por último alega que, en cuanto a las repercusiones de la solución que persigue, ésta no apareja un certificado de defunción para el rugby como sostuvo el a quo, sino sólo para la ligereza, la improvisación y la irresponsabilidad. Asevera que una sentencia ejemplar obligaría a una creciente diligencia por parte de los árbitros, mayor control de todos los involucrados en el deporte y protección a los menores, todo lo cual jerarquizaría el rugby.

4) Que los agravios de la apelante suscitan cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada, pues aunque remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, derecho procesal y común, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para abrir el recurso cuando, como en el caso, lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

5) Que para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Esta no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:696; 314:458; 324:1378, entre muchos otros).

En tal sentido, la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica. Esta última exige, a su vez, que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia normativa, y si no se aplica la regla, deben darse las razones por las cuales resulta inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que resulten constitucionalmente fundados. Es que la magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer respetar porque constituye un elemento de la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso (Fallos: 312:1234; 315:502, 2514; 319:2637; 330:2498, entre otros).

6) Que no es motivo de controversia el hecho denunciado por el actor en su demanda en cuanto a que, con fecha 3 de septiembre de 1994, en su calidad de jugador de rugby que se encontraba fichado en la “Unión Cordobesa de Rugby”, como integrante del “Taborín Rugby Club”, participó de un encuentro contra el “Tala Rugby Club”, cuando tenía 17 años de edad —en la categoría Sub-17—, en el puesto de “Hooker”, y que en ocasión de un “scrum” se produjo el hecho que lo dejó cuadripléjico.

Tampoco es objeto de análisis por este Tribunal la responsabilidad del codemandado “Taborín Rugby Club”, pues se lo condenó en forma refleja por la responsabilidad atribuida a los entrenadores del equipo de rugby de dicho club, circunstancia que no fue recurrida, por lo que se encuentra firme.

En cambio, se cuestiona la responsabilidad de la “Unión Cordobesa de Rugby” y de la “Unión Argentina de Rugby” —a la que pertenece la primera en su carácter de entidad integrante— en forma refleja por la responsabilidad que se le endilga al árbitro del partido por no haber aplicado adecuadamente el Reglamento de rugby vigente a la época.

7) Que el tribunal a quo rechazó la demanda sobre la base de la aceptación del riesgo por parte del actor, con lo que excluyó la responsabilidad de las uniones de rugby demandadas. Al respecto señaló que, en el caso, había sido el propio B. quien había asumido voluntariamente la decisión de jugar en un puesto en el que no venía desempeñándose, aceptando el riesgo que representaba jugar de “Hooker”. En este sentido, destacó que el consentimiento del jugador, si era capaz y libre, obstruía cualquier posterior reclamo, salvo que el daño fuese doloso o se causare violando las reglas del juego.

Al así decidir, olvidó evaluar la situación especial en la que se hallaba S. S.. En efecto, no nos encontramos frente a un adulto que decide voluntariamente asumir el riesgo de jugar en una posición para la que no se encontraba debidamente entrenado a sabiendas de los riesgos que esto implicaba, sino que nos encontramos frente a un menor de 17 años de edad, que como tal debe recibir la adecuada protección de los adultos encargados de su cuidado.

En este sentido, es dable señalar que, cuando se trata de un menor de edad, quien acepta los riesgos inherentes a la práctica deportiva no es el menor sino sus padres; y que, los riesgos aceptados por éstos se limitan a los que conocían o debían conocer de acuerdo a lo previsto por el Reglamento de la actividad deportiva. Ello es así, ya que solo siendo conscientes de las probabilidades del daño y su entidad podía existir de su parte una verdadera asunción del riesgo. En consecuencia, no es posible sostener que los padres del menor asumieron el riesgo de que no se aplicara la previsión reglamentaria que ordenaba realizar un “scrum simulado” en los casos en los cuales los jugadores de la primera línea no se encontraban debidamente preparados.

8) Que, asimismo, es dable destacar que el hecho de tratarse de un partido disputado por menores de edad imponía tanto a los entrenadores como al árbitro la obligación de obrar con la debida diligencia para preservar la salud y la integridad física de aquéllos, máxime cuando nos encontramos frente a un deporte de riesgo. Ello así, ya que, como lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, los menores, además de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de toda la sociedad; y la consideración primordial de su interés viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de casos que los involucran, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver las cuestiones en las que están comprendidos los menores, debiendo atenderse primordialmente a aquella solución que les resulte de mayor beneficio (doctrina de Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388 y 324:122),

9) Que es el referí quien debe aplicar imparcialmente todas las Leyes del Juego en cada partido (Ley Nº 6.A.4.a. del Reglamento del Rugby). En este sentido, la norma que se imputa al árbitro del encuentro haber omitido aplicar, es la Ley Nº 20 del Reglamento del Rugby, en su variación para las divisiones menores de 19 a 15 años, vigente al momento del accidente, la cual preveía que “...con respecto a las tres posiciones de la primera línea..., si un equipo: No puede presentar reemplazantes debidamente preparados en lugar de un jugador o jugadores lesionados o no puede presentar jugadores debidamente preparados al comenzar el partido o durante el mismo, debido a la falta de jugadores..., el referí debe ordenar un scrum no disputable o simulado, lo cual es una situación normal del scrum excepto: no hay disputa de la pelota, el equipo que echa la pelota debe ganarla y ninguno de los equipos puede empujar...” (fs. 1426, 6to. cuerpo).

Del propio Reglamento surge que no es lo mismo desempeñarse en cualquier puesto del equipo de rugby o del “pack de fowards” que hacerlo como pilar o “hooker”. Es precisamente este cuerpo normativo el que distingue a éstos que conforman la primera línea del resto, dado que son los únicos a los que se les requiere que estén “debidamente preparados”, contemplando una cantidad mínima necesaria que siempre debe estar cubierta en el grupo, e indicando que su reemplazo debe provenir “...de los jugadores adecuadamente entrenados y experimentados que empezaron jugando el partido o de los reemplazantes nominados” (Ley Nº 3). Es decir que la propia Ley Nº 20 del Reglamento de 1994 transcripta y no controvertida, tenía como finalidad principal establecer una protección especial para aquellos jugadores juveniles que se desempeñaren como pilares o “hookers”, ante el riesgo de sufrir una lesión de gravedad como consecuencia de la falta de entrenamiento para desempeñarse en esa posición.

Asimismo, es dable destacar que el Reglamento no se compadece con la interpretación que de éste se hizo en la decisión de cámara, confirmada por el tribunal superior de justicia provincial. Ello así, ya que dicho cuerpo normativo en ningún momento establece que el entrenador es el único responsable de informar al árbitro si uno de los jugadores no se encuentra debidamente preparado para desempeñarse como primera línea. Y, ante la falta de una norma que atribuya expresamente esa responsabilidad al entrenador, resulta razonable entender que es el referí —quien según el propio Reglamento debe aplicar imparcialmente todas las Leyes del Juego en cada partido (Ley Nº 6.A.4.a, citada)— el que se encuentra obligado a verificar el cumplimiento de los presupuestos de hecho de dichas normas.

Más aun cuando, como ocurre en el sub lite, las circunstancias de hecho comprobadas que rodearon al encuentro —en particular, que el partido se había demorado porque el equipo del actor no llegaba a completar el número necesario de integrantes (conf. declaraciones testificales de fs. 662/665; 926/929; 933/935; 953/954; 1016 vta./1017; 1668/1669; 1672/1674 y careo de fs. 1243/1244)— hacían razonable considerar que no todos los jugadores estuvieran desempeñándose en sus puestos habituales.

10) Que en un caso que presenta singular analogía con el presente, los tribunales ingleses condenaron al árbitro y a la unión de rugby por haber incumplido el primero la regla que le imponía ordenar la realización de “scrums” simulados. En efecto, en la causa “Rzchard John Vowles v. Evans” ([2002] EWHC 2612 y [2003] EWCA Civ 318), uno de los pilares había sido reemplazado por otro jugador que no tenía experiencia en el puesto, resultando en el derrumbe del “scrum”, y produciendo lesiones de cierta gravedad al actor. El tribunal sostuvo que las leyes del rugby son muy categóricas en la regulación de los “scrums”, al señalar que todos los jugadores que participan de la primera línea deben tener experiencia en el puesto. Asimismo, consideró que el referí había incurrido en una conducta negligente, por debajo del estándar requerido, al no realizar los “scrums” simulados, cuando pesaba sobre él dicha decisión y la obligación de mantener la seguridad de los jugadores.

Por otra parte, en “Smoldon v. Whitworth” ([1996] EWCA Civ 1225; [1997] ELR 249), aunque difiere del presente pues el jugador que quedó cuadripléjico como consecuencia de la caída de un “scrum” se desempeñaba como “Hooker” con habitualidad, el referí fue considerado responsable de los perjuicios sufridos por éste, por no cumplir con su obligación de salvaguardar la seguridad de los jugadores, al no aplicar de manera adecuada las reglas previstas para evitar la caída del “scrum”. En este caso, se consideró expresamente la asunción de los riesgos de lesiones por el jugador por conocer las reglas y los peligros de derrumbe, y se entendió que la defensa era insostenible ya que aun cuando el jugador había consentido las incidencias ordinarias del juego en el que se encontraba participando, no podía decirse que hubiese prestado su consentimiento a un incumplimiento de las obligaciones de los oficiales cuyo deber era aplicar las reglas y garantizar que éstas fuesen observadas.

11) Que dadas las circunstancias señaladas, puede razonablemente entenderse que la existencia de la regla específica que obligaba al juez del encuentro a proteger la integridad física de los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que eran menores de edad, debió conducirlo a extremar las precauciones del caso: consultar con el entrenador, el capitán o los jugadores que ocuparían los puestos de primera línea del equipo que tardó en conformarse —circunstancia que, tal como se indicó en el considerando 9° precedente, no le pudo ser ajena al referí—, si estos últimos estaban adecuadamente entrenados para hacerlo; y extremando aun mas la protección a los menores cuyo partido dirigía, debió hacer disputar los “scrums” en forma simulada, decisión que pesaba sobre su rol.

Por lo tanto, debe considerarse que la inteligencia dada a la Ley Nº 20 por la alzada —posteriormente confirmada por el superior tribunal provincial— se aparta de la finalidad que tenía de otorgar mayor protección a la integridad física de los menores de edad. En consecuencia, aun cuando pudiese entenderse que el tribunal a quo utilizó la aceptación voluntaria del jugador como un elemento para determinar la coexistencia de la culpa de la víctima, teniendo en cuenta el carácter de menor de edad del demandante al momento del hecho y la protección especial que el Reglamento establecía para la posición en la que se iba a desempeñar, la conducta del actor no fue la causa adecuada del daño para eximir de responsabilidad a quien estaba encargado de salvaguardar la integridad física de los jugadores y hacer cumplir las reglas del deporte y, con ello, a quienes deban responder en forma refleja por su negligente actuar.

12) Que, en lo que respecta a la responsabilidad de la “Unión Cordobesa de Rugby” y de la “Unión Argentina de Rugby” —a la que pertenece la primera en carácter de entidad integrante (arts. 2 y 5 del Estatuto de la Unión Argentina de Rugby)—, cabe señalar que esta Corte tiene dicho, que si bien la regla general es que una entidad que agrupa a otras entidades no es responsable por los daños que estas últimas causen a terceros, esta regla debe ceder en la medida en que exista una entidad que no solo representa, sino que también participa en la actividad de sus controlados (Fallos: 330:553).

En consecuencia, y a los efectos de evaluar la citada responsabilidad, no puede dejarse de lado que según surge del art. 4 del Reglamento de la Unión Argentina de Rugby, es competencia exclusiva de esta entidad “organizar, patrocinar y dirigir torneos, campeonatos o competencias anuales de rugby en las que intervengan las entidades que la integran”. Asimismo, es su Consejo Directivo quien tiene entre sus deberes y atribuciones “dictar las reglamentaciones del juego” y su Comisión Disciplinaria quien “da curso a toda denuncia derivada por el Consejo Directivo a causa de infracción a...reglamentos y normas de juego”.

Además, según surge de las constancias de la causa (fs. 87 y ss.), fue la propia Unión Argentina de Rugby, quien contrató un seguro de accidentes personales para cubrir los gastos de asistencia médico farmacéutica y de traslado, dentro y fuera del país, de los jugadores de cualquier categoría que hubieran sufrido lesiones corporales en el campo de juego, ya sea en partidos oficiales y/o amistosos, habiéndose ampliado el riesgo cubierto a la invalidez, a partir del cual el actor recibió una suma de dinero por dichos conceptos.

13) Que, en tales condiciones, cabe concluir que lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la Ley Nº 48), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Ricardo L. Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan C. Maqueda - E. Raúl Zaffaroni